La detención de 3 jueces, un diputado a la Asamblea Nacional, el superintendente de criptoactivos, un alcalde del partido de gobierno, dos oficiales de la fuerza armada y más de 15 empresarios, vinculados a una trama de corrupción por más de 3 mil millones de dólares en la empresa estatal petróleos de Venezuela volvió a encender las alarmas en el propio gobierno de Nicolás maduro.
La mayoría de los imputados y acusados de traición a la patria y apropiación indebida del patrimonio nacional está vinculado al ahora ex ministro de energía y petróleo Tareck el Sissami, quien renunció al cargo hace una semana y que hasta hace poco pertenecía a uno de los anillos de confianza del presidente venezolano. Nicolás Maduro no ha escondido su gran molestia por este acto que ha calificado como una puñalada trapera.
Para Mercedes De Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, estos casos ya eran conocidos por la sociedad venezolana solo que al ser detenidos varios funcionarios de peso de la administración pública el escándalo es mayor. De Freitas considera que en realidad en los últimos años el monto aproximado de desfalcos al país desde la industria petrolera supera los 42 mil millones de dólares, lo que se traduce, en parte, en que no se puedan recuperar servicios públicos, de salud, de educación y el cumplimiento de las obligaciones laborales del Estado para con sus trabajadores.
Desde el oficialismo se desarrolla una campaña comunicacional paralela a la supuesta intención de combatir la corrupción, venga de donde venga, en la que intentan hacer ver que la principal causa por la cual Venezuela atraviesa una difícil situación económica y financiera son las sanciones impuestas por Estados Unidos y promovidas por algunos dirigentes de la oposición; tesis que sostiene el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Andrés Eloy Méndez.
Estos sonados casos de funcionarios envueltos en casos de corruptelas parecieran tener impacto en las aspiraciones de Nicolás Maduro de salir reelecto en las presidenciales de 2024, según el análisis que comparte Piero Trepiccione, coordinador de los Centros de Acción Social de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe.
Mientras reventaba esta olla las protestas de los educadores y otros sectores laborales se intensificaron durante estos días. Los manifestantes gritan consignas como “no es bloqueo sino saqueo”. Mientras tanto, el gobierno no da señales de poder aumentar el salario integral que apenas ronda los 7 dólares mensuales.
Producción: Alexander Medina/Radio Fe y Alegría Venezuela