En Guatemala hay rabia y dolor por la muerte de 37 niñas que el estado debía cuidar. Un verdadero crimen de estado cometido cuando el mundo y también Guatemala gritaban ‘Ni una Menos’, ‘basta de violencia machista’, ‘vivas nos queremos’, basta de pisotear los derechos de las mujeres.
Las niñas perdieron la vida en un incendio en el “El hogar seguro Virgen de la Asunción”, un hogar dependiente del estado, un lugar en el que se supone que debían estar a salvo y donde su integridad debía ser preservada. Sin embargo estaban bajo llave y murieron encerradas sin que nadie las ayudara. El lugar albergaba a más muchachas de las que su capacidad permitía. Tenía denuncias por malostratos y abusos, y sin embargo los denunciados seguían cumpliendo funciones como si nada.
37 niñas murieron calcinadas, más de 20 están internadas luchando por su vida y ni el gobierno, ni la justicia, ni la policía se hacen responsables de lo ocurrido.
¿Por qué nadie escuchó sus denuncias? ¿Por qué estaban encerradas? ¿Quién inició el fuego? ¿Por qué nadie las ayudó a salir? ¿Qué acaso no estaban bajo protección de Estado? ¿Por qué nadie hizo nada?
“El hogar seguro Virgen de la Asunción” es una de las 20 instituciones, aunque la única estatal, destinada para albergar niñas y niños víctimas de la violencia o en riesgo y aunque su capacidad era de 400, custodiaba a más de 700.
Virgen de la asunción no era un hogar y menos seguro, “ahí dentro era el infierno” relató una de las internas. Ya en 2013 se había detenido al maestro Edgar Rolando Diéguez Ispaché bajo los cargos de violencia sexual. “Ustedes no salen de aquí hasta que me hagan sexo oral”, les habría ordenado. Como él, otros 20 tenían denuncias, todos continuaban trabajando ahí.
Y es que, en Guatemala, la violencia sexual ha sido utilizada como un arma de control, sucedió en el Conflicto Armado Interno y continúa sucediendo.
A las denuncias el sistema hizo oídos sordos, ahora se culpan unos a otros. Los encargados del hogar no pueden explicar qué pasó. La Secretaría de Bienestar Social, que tenía a cargo el lugar, culpa a los jueces por enviarles a los niños y niñas. Los jueces argumentan que ya habían ordenado el cierre del lugar.
La Procuraduría General de Nación, defensa de la ciudadanía, lamenta lo sucedido. ¿Y el presidente? En la primera conferencia de prensa no se presentó por atender urgencias nacionales. En su lugar grabó un video para declarar el luto nacional. Dio la cara 35 horas después, únicamente para informar que solicitaría el cierre temporal del hogar, cuatro meses después de que la PHD recomendara el cierre del mismo.
“Eran niñas en conflicto con la ley penal, no tenían razones para amotinarse”, dijeron las autoridades. En realidad eran niñas que huían de la violencia, a quienes quizá el papá o tío quiso violar, quienes sufrían violencia en su casa. Eran niñas que necesitaban una familia.
Guatemala invierte diariamente 87 centavos de dólar en sus niños y niñas, miles de niños y niñas nacen y mueren dentro de un ciclo de pobreza, de violencia, sin poder asistir a las escuelas, sin acceso a un puesto de salud, sin conocer que tienen derechos.
Este verdadero crimen de estado cometido en Guatemala contra niñas que merecían cuidado y protección, un trato digno y reparador, vuelve a poner en evidencia la situación de millones de niñas en América Latina. En especial de las provenientes de las familias más pobres que viven una vida de violencia, que son abusadas, explotadas, hambreadas, humilladas desde el momento mismo de su nacimiento.
Las mujeres luchadoras del mundo siguen dando pasos gigantes por hacer valer los derechos de todas las mujeres. Este 8 de marzo lo demostraron con movilizaciones masivas en el mundo. A pesar de los avances logrados, lo de Guatemala nos señala que todavía falta mucho camino por recorrer.