El Informe Regional: Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios en América Latina y el Caribe 2017-2018, realizado por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presenta muchos retos para quienes ejercen periodismo, comunicación e información, entre ellos: la inseguridad, la autocensura, la violencia estatal, amenazas y vigilancia, inclusive el acoso legal a las y los periodistas, el trato creciente de hostilidad a los medios privados e independientes, incluso por parte de líderes políticos de algunos países como difamación, restricciones legales a los contenidos y conductas nocivas para el derecho a la información que afecta a la ciudadanía.
Resalta el informe que, en términos de seguridad, América Latina es una de las regiones más peligrosa para ejercer periodismo. Ejercicio que se ve amenazado por la constante sombra de asesinatos, siendo una de las cifras más altas del mundo. La UNESCO ha condenado los asesinatos de 125 periodistas y trabajadores de los medios ocurridos entre 2012 y 2016 en diez países de América Latina y el Caribe (México 37; Brasil 29; Honduras 19; Guatemala 14; Colombia 12; Paraguay 6; Perú 4; El Salvador 2; Ecuador 1 y Haití 1), la región ocupa el segundo lugar del mundo en cantidad de asesinatos.
El informe detalla que todas las víctimas, excepto una, eran periodistas locales trabajando en países donde realizaban investigaciones sobre casos de crímenes, corrupción y política. Señala que la mayoría de las personas asesinadas trabajaban en la radio, seguidos por quienes trabajaban en la prensa escrita, la televisión y medios digitales.
Las muertes se vinculan a su vez con altas tasas de impunidad tanto en la investigación como en el proceso penal de culpables. Para mediados de 2017 frente a una solicitud a los Estados miembros de la Directora General de la UNESCO sobre el estado de las investigaciones judiciales el resultado es 88 de cada cien de las muertes de periodistas (118 casos) se encontraban aún en proceso. Sólo el 11% de los Estados involucrados informaron que habían sido resueltos dichos casos.
En esta vorágine son doblemente vulnerables las mujeres periodistas, tanto con amenazas físicas como por el acoso sexual que devienen desde sus fuentes de trabajo hasta sus propios colegas. Asimismo, a pesar de que se ha reducido la brecha de género en el acceso a los medios, las mujeres no gozan del mismo nivel profesional equiparable a los hombres. Según el Global Media Monitoring Project (2015), realizado por la WACC, la mayoría de quienes trabajan en el sector de los medios en América Latina y el Caribe siguen siendo predominantemente varones. Asimismo, son escasas las mujeres accionistas de medios de comunicación (solo el 15,4%), al igual que las que ocupan puestos de liderazgo y decisión (21,4 %). Según este informe, la presencia de las mujeres en los medios de comunicación ha aumentado, en casos como presentadoras de televisión, donde generalmente se trata de mujeres de hasta 34 años de edad, y con un aspecto que no impacta sobre los presentadores hombres. A pesar de ello, para la UNESCO existe un crecimiento en la presencia de mujeres del 47% en los periódicos, el 36 % en la radio y el 50 % en televisión.
Entre los desafíos actuales para las y los profesionales de la información se encuentra la disociación entre los marcos legales que fortalecen la libertad de los medios de comunicación con los débiles mecanismos de implementación de los Estados, que se manifiesta en la desprotección de los y las periodistas. Además, con la expansión de las nuevas tecnologías se han generado nuevas y sutiles formas de censura gubernamental y judicial. En el caso de las mujeres periodistas ha aumentado considerablemente el acoso en línea.
Otro de los problemas que aquejan al sector es que el derecho a la comunicación y la democratización de los medios se concentra en pocas manos, es decir en monopolios. A pesar del proceso de digitalización han surgido grandes dificultades a la hora de la implementación redistributiva y se sigue perpetuando la tenencia de la propiedad cruzada de los grandes medios, en otras palabras, que los mismos propietarios tienen “empresas” en señal abierta y por internet. Asimismo, señala el informe que “los accionistas de medios de comunicación a menudo son propietarios de empresas de otros sectores de la economía, por lo que los trabajadores de los medios no pueden informar sobre cuestiones que podrían afectar las otras empresas de sus accionistas. En consecuencia, los periodistas ven afectada su libertad de expresión y los ciudadanos también ven afectado su derecho a la información”.
Mientras tanto, los sectores de radiodifusión y prensa escrita enfrentan dificultades para mantener los modelos tradicionales de auto-sostenimiento basado en la publicidad, debido al crecimiento de las plataformas audiovisuales y musicales. Lo que genera una pérdida de audiencia de los medios tradicionales por la migración de público joven a plataformas digitales, viéndose en la necesidad de reinventarse creativamente. Así se abre un debate sobre la necesidad de colocar cuotas para la distribución de contenidos a nivel nacional, y se pone de relieve la falta de nuevos dispositivos de la diversidad de lenguas propias.
Redacción: Johana Peña