Los países de Centroamérica celebraron la semana pasada el Bicentenario de la Independencia. En 1821 -y después de intentos fallidos de instaurar una república federal- las cinco provincias centroamericanas (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) se declararon formalmente repúblicas independientes de la monarquía española.
Formalmente, porque -en realidad- nunca han sido verdaderamente independientes, pues -durante estos dos siglos- han estado sometidos o -al menos- influenciados por potencias extranjeras y las políticas de sus gobiernos no ha respondido a las demandas y aspiraciones de sus pueblos, sino a intereses excluyentes de élites oligárquicas y grupos pudientes.
Por eso organizaciones populares, movimientos sociales y sectores progresistas declararon que “no hay tal independencia que celebrar”; y conmemoraron, más bien, las luchas históricas que los pueblos han impulsado en estos doscientos años: contra las dictaduras, en defensa del territorio, por la democracia y los derechos humanos, contra la corrupción y por los derechos de las mujeres, pueblos originarios y grupos vulnerables.
En el marco del bicentenario, las organizaciones y movimientos ciudadanos también denunciaron los graves retrocesos democráticos, el autoritarismo y la persecución contra opositores o disidentes, especialmente en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.
En El Salvador -por ejemplo- señalaron la eliminación de la separación de poderes, la remilitarización del país, el excesivo endeudamiento público, la imposición de políticas monetarias, el intento de cambiar la Constitución y la ambición reeleccionista del presidente Nayib Bukele.
Así que enhorabuena la movilización y protesta ciudadana en reclamo de democracia, respeto los derechos humanos y la verdadera independencia que sigue pendiente dos siglos después del final del colonialismo español.
Los medios comunitarios, alternativos y populares acompañamos esta lucha válida y legitima por la emancipación de los pueblos centroamericanos agobiados por tanta pobreza, corrupción, violencia, despojo de bienes naturales y autoritarismo creciente.