El jueves 9 de febrero el gobierno de Nicaragua de manera sorpresiva, ordenó la liberación y el destierro de 222 personas consideradas presas y presos políticos, en su mayoría cumplían condenas de 7 a 15 años de cárcel por traición a la patria y por difundir noticias falsas. Entre las personas se encontraban ex aspirantes presidenciales, líderes campesinos, sacerdotes, analistas políticos, dirigentes estudiantiles, defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas de organizaciones opositoras.
El gobierno de Ortega ordenó la liberación y expulsión del país de este grupo, luego de acordar con el gobierno de Estados Unidos el envío de un avión para su traslado. Ortega negó una posible negociación con el gobierno de los Estados Unidos o la solicitud de suspender las sanciones, al contrario, subrayó un principio de expulsión de terroristas. Simultáneamente al vuelo hacia Estados Unidos, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rotshuch comparecía ante los medios dando a conocer la sentencia de liberación y expulsión de Nicaragua.
Entre las personas que permanecen en Nicaragua, se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez; quien por declaraciones de Ortega se negó a abordar el avión y prefirió quedarse en el país, pese a que tenía arresto domiciliar. El obispo fue condenado de manera rápida a 26 años de cárcel y enviado al sistema penitenciario nacional conocido como La Modelo, donde presuntamente habita una celda de castigo.
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