El vocero de la bancada parlamentaria fujimorista Fuerza Popular, Daniel Salaverry, presentó una denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en la que solicitó su destitución e inhabilitación por “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”.
La denuncia contra Sánchez se basa en las siguientes infracciones constitucionales: “infracción constitucional de los principios de independencia e imparcialidad y tutela de la recta administración de justicia, plasmados en los artículos 139 y 159 de la constitución” e “infracción constitucional de los principios constitucionales de buena administración y de proscripción de corrupción, conforme al artículo 39 de la Constitución”.
Este pedido se presenta justo cuando se investiga a la lidereza del partido fujimorista Keiko Fujimori, aunque Salvarrey ha insistido en que la acusación responde a la inacción del Fiscal y dio a entender que no es en represalia por el proceso contra su lidereza.
El titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, agradeció el apoyo y ha dicho que Perú necesita “más justicia, más honestidad, más decencia, no más corrupción, no sin vergüenzas”. Y agregó que “después de más de 30 años con servicio a la fiscalía, a estas alturas no me voy a amilanar, no voy a tener miedo, ya estoy grandecito para eso. Acá no vamos a tener miedo. acá vamos a pelear contra la corrupción en el Perú”.
El congresista del partido de gobierno Peruanos por el Kambio, Alberto de Belaunde, aseguró que la denuncia presentada al Fiscal de la Nación, le llama mucho la atención debido a la coyuntura del proceso en el caso Odebrecht.
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, aseguró que se debe respetar la independencia de los poderes del estado y los “fueros jurisdiccionales”.
La suerte de Pablo Sánchez, está en manos del Congreso contralo por amplía mayoría por el Fujimorismo tal como lo reconoce el denunciante Daniel Salaverry.
La lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denuncia que existe una campaña de desprestigio en contra de ella y de su agrupación política, luego de que se le relacionara con presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral en el 2011.