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Elena Ayala, Investigadora de la Universidad iberoamericana de Puebla, explica que las condiciones de retención, de las personas en estado de movilidad humana, son alarmantes. Las personas que llegan a las estaciones migratorias permanecen incomunicadas y en entornos insalubres. La normativa establece que deben cumplir un máximo de 15 días. Sin embargo, hay personas que se quedan hasta 100 días.

El informe “Vidas sin contención”, publicado en enero de 2022, realizó una investigación dentro de los centros de detención ubicados en las ciudades de Puebla y Tlaxcala, zona fronteriza con EE.UU.

El estudio revela que en los centros de detención hay menores de edad y familias enteras que aguardan en condiciones desfavorables, sin alimentos y sin protección. A raíz del incendio del 28 de marzo, la opinión pública empezó a dar seguimiento a estos casos de retención, a pesar de que estos, operan desde hace más de 10 años.

Ayala menciona que es urgente un diálogo entre las autoridades de Puebla, Tlaxcala y las diferentes organizaciones, para seguir investigando y dar soluciones a estos casos que vulneran los derechos de personas migrantes.

Reporta: Mónica López de Radio Huayacocotla.

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El Diputado Bartolo Fuentes, presidente de la Comisión de Migración del Congreso Nacional Hondureño, informó que se está trabajando en la aprobación de la extensión de amnistía migratoria por un año, para evitar el pago de una multa de 250 dólares. Explica que las personas no se registran correctamente en los puestos de control, es decir, no pasan por aduanas y deben cancelar dicha multa.

Fuentes menciona que en dos oportunidades se puso en marcha la amnistía, y en mayo culmina el último plazo. Se necesita, dijo, “hacer una nueva aplicación, debido a que, la reforma de la Ley Migratoria aún no se realiza en el Congreso”.

Honduras es un país clave para el recorrido que realizan cientos de personas de diferentes países de Latinoamérica hacia EE.UU. Aproximadamente ingresan diariamente 2000 personas, de manera irregular, desde la frontera con Nicaragua.

Reporta: Inmer Chévez, Radio Progreso, Honduras.

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La Organización Binacional de Mujeres Indígenas Wayuu realizó un fogón comunitario en la comunidad de Santa Lucía en la Guajira, zona fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Los habitantes de Santa Lucía recibieron alimentos por parte de la organización, con la finalidad de brindar un espacio en comunidad. El objetivo es apoyar a las personas que más lo necesitan, entre ellos, niños, niñas, personas discapacitadas y de la tercera edad.

Sol Palmar, miembro de la Organización Wuayuu, menciona que se atendieron a más de 60 habitantes y que el apoyo está orientado hacia las comunidades alejadas del casco central.  También explicó que planean realizar más fogones en las diferentes zonas fronterizas.

Reporta: Norma Gonzáles, Radio Fe y Alegría; Venezuela.

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El presidente de la Fundación “El Amparo” y director General del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), Walter Márquez, afirmó que hay más de 500 personas desaparecidas en la frontera colombo-venezolana.

Detalló que en dicha cifra de desaparecidos hay migrantes, carretilleros y ciudadanos que fueron asaltados cruzando las trochas (zona fronteriza). Todo esto durante los siete años de cierre de puentes internacionales.

Resaltó que no hay una estadística depurada, sino una mezcla de todo, porque en Venezuela y Colombia hay opacidad informativa respecto a los desaparecidos, por lo que insistió en que se requiere ampliar la auditoría de las víctimas a través de sus familiares que son sobrevivientes.

“Si sumamos a unos 300 desaparecidos que manejan ONG venezolanas de la época de las trochas, con la presencia del hampa común, de disidentes de las FARC, los Elenos (ELN), del Tren de Aragua; todo eso puede sumar más de 500 víctimas de desaparecidos forzosos, que además de ser un crimen de lesa humanidad, es una gravísima violación de los derechos humanos que amerita una inmediata investigación y una respuesta para los familiares de las víctimas”, agregó.

Finalmente, Márquez afirma que “hay corresponsabilidad de ambos estados por falta de acciones en la seguridad fronteriza”.

Reporta: Jorge Labrador desde Radio Fe y Alegría, Venezuela.

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El “título 8” es una normativa vigente en la Ley Migratoria de Estados Unidos. La orden permite a las autoridades arrestar a los migrantes que ingresen de forma ilegal al país y procesarlos para una deportación rápida con cargos penales.

En marzo de 2020, bajo la crisis por COVID-19, el gobierno del ex presidente Donald Trump impulsó la medida sanitaria llamada “título 42”. Bajo esta disposición, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohibía la entrada de ciertas personas que "potencialmente representan un riesgo para la salud". Ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de "eludir las medidas de detección médica".

Sin embargo, el 11 de mayo se dio fin a este título y se aplicó nuevamente el “título 8” con ciertas extensiones que, según varios expertos, vulneran a la población migrante.

EE. UU implementó mayor seguridad en la frontera sur para tener un mayor control sobre el paso de migrantes y se cumpla el “título 8”. Una de las extensiones de esta normativa vigente, habla sobre los procedimientos, regulaciones de estancia, permanencia, naturalización de las personas no ciudadanas, repercusiones penales y prohibiciones de ingreso (por hasta 5 años). Todas estas medidas pueden afrontar los migrantes de incumplir con los requisitos de ingreso.

La comunidad internacional está a la expectativa de que cientos de personas migrantes ahora tengan que verse expuestos a una “brutalidad policial más exacerbada y pasar por procesos burocráticos que los tengan en incertidumbre y en limbo institucional, durante semanas, meses, incluso años. Las personas tenemos derecho a migrar y no ser expuestas a situaciones que atenten con nuestra vida y derechos.”

Reporta: Jessica Hernández y Carlos García desde Radio Huayacocotla; México.